A siete años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, un hito clave para la ampliación de derechos, la población trans continúa en estado de emergencia. Radiografía de una norma que marcó un antes y un después.
La calle y el congreso se tiñeron de rosa, celeste y blanco, la bandera del orgullo trans. El 9 de mayo de 2012 se sancionaba la Ley de Identidad de Género, un hito para la lucha de la comunidad LGBTIQ de Argentina y Latinoamérica que reconoce el derecho de toda persona a elegir su identidad sexual autopercibida. Una ley que pone por escrito que todas, todos y todes tenemos el derecho de construir nuestra propia identidad, ser respetados por quienes deseamos ser, ser llamados por el nombre que elegimos. Sin embargo hoy, a siete años de su sanción, no parece ser suficiente para garantizar la igualdad de derechos.
El texto define a la identidad de género como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, independientemente del sexo asignado al nacer”. Aunque parezca obvio que las personas deben tener libertad de expresar su singularidad, los cuerpos transgénero, transexuales y travestis fueron y son cuerpos criminalizados y patologizados, expresiones prohibidas y perseguidas por desafiar la hetero-cis-norma.
La expresión más clara de la ley está en la posibilidad de cambiar el DNI y la aparición en todos los registros de acuerdo a la identidad elegida por cada persona. Esto también implica que sólo basta con demandar ser llamado de una u otra manera para que eso deba ser respetado por las personas y las instituciones aún antes de tener el nuevo documento. Por eso, la ley es mucho más que un DNI. Exige el trato digno y el respeto de la identidad, rompe con la patologización de las personas trans y reconoce el derecho al acceso a la salud y a los medios farmacológicos necesarios para modificar el cuerpo en el caso de que la persona desee esa transición.
Esta es una ley fundamental para una población que está en estado de emergencia, con una expectativa de vida de 35 años. La discriminación, la estigmatización y el abandono de la sociedad generan resultados alarmantes en los niveles de salud, escolarización y acceso al mercado de trabajo. De acuerdo con la Fundación Huésped, el 50% de las niñas y adolescentes trans no va a la escuela y el 66,2% de las adultas no terminó el secundario. Para el caso de los adultos varones trans, el número asciende al 72, 4%.
Estas cifras, sumadas a la estigmatización sistemática, se traducen en obstáculos en el acceso al mercado laboral formal. El 70,7% reportó que trabaja por cuenta propia, solo 1 de cada 10 se encuentra en relación de dependencia, y menos del 9% realiza aportes jubilatorios, lo que denota una situación laboral altamente precaria. Muchas mujeres trans recurren al trabajo sexual para sobrevivir. Del total de encuestadas, más del 85% señaló haber realizado este tipo de trabajo alguna vez y 6 de cada 10 lo ejercían en el momento de la encuesta. De todos modos, si bien la situación sigue siendo alarmante, la ley de identidad de género contribuyó a derribar estigmas sobre la población. Antes de su sanción, más de la mitad de las encuestadas habían sido rechazadas en búsquedas laborales por su identidad trans, mientras que luego de 2012 el porcentaje descendió a un 12, 5%.
Uno de los impactos más fuertes que tuvo la ley fue sobre las situaciones de discriminación y violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Antes de la ley el 97% reportó haber sido víctima de este tipo de agresión, casi la totalidad de las personas encuestadas. Hoy, la estadística es 1 de cada 10.
No caben dudas de que la sanción de la ley fue un paso clave para la ampliación de derechos de la comunidad trans. Pero fue tan solo un paso. El desconocimiento de sus implicancias o hasta de su existencia por parte de los funcionarios públicos, los y las docentes, las personas que trabajan en el sistema de salud, básicamente de la sociedad en su conjunto, supone una amenaza a las libertades y los derechos de esta comunidad. La sensación de vivir con miedos e incertidumbres por el rechazo social, la discriminación y la violencia no fueron erradicadas. La pobre implementación de la ley de Educación Sexual Integral que ya tiene más de una década, la formación binaria y heteronormativa que se imparte en todos los niveles educativos y el disciplinamiento de los cuerpos para acatar un ideal inalcanzable perpetúan aún hoy una situación de emergencia.